Este proyecto fue una iniciativa del gobierno nacional que buscaba implementar 1.090 espacios públicos de conexión gratuita a internet en 836 municipios de 27 departamentos del país. Estas regiones, caracterizadas por una baja densidad poblacional y una escasa infraestructura de telecomunicaciones, se vieron beneficiadas por este proyecto, cuyo objetivo primordial era reducir las brechas digitales y promover la inclusión tecnológica en un tiempo de ejecución de 5 años (2019-2024).
De manera particular, se contaba con un componente denominado “promoción” que buscaba impulsar las herramientas brindadas a través del servicio de internet gratuito. Sin embargo, presentó varios tropiezos debido a la emergencia sanitaria afectando la ejecución del proyecto, lo que conllevó a la caducidad del contrato, como resultado de la interventoría desde el año 2023 (proceso que aún está en trámite).
Hasta la fecha, la experiencia con este proyecto ha sido una valiosa fuente de lecciones aprendidas para la ejecución de futuros proyectos de interventoría. Una de las lecciones más relevantes es que como interventores, es crucial actuar oportunamente y reportar los hallazgos que evidencien nuestro trabajo y nos brinde protección. A pesar de las presiones por parte de los entes gestores para ejecutar los proyectos, es imperativo que como interventores documentemos cada acción. Esto nos permitirá contar con un respaldo ante posibles requerimientos tanto de la entidad contratante como de los entes de control.
Finalmente, el contrato de interventoría culminó su ejecución el pasado 31 de diciembre de 2023. Estamos en proceso de liquidación y atentos a la gestión de la supervisión para finalizar con la última etapa del proyecto.
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